Semanario Guía
Zamora, Michoacán, México    21 de Marzo de 2019
10 de Marzo de 2019
DERECHO A HABLAR 24

  
   En tanto dentro de un sistema religioso es su moral la que se avoca a regular la conducta de sus fieles, en la sociedad civil, el derecho –natural y positivo- donde se acunan ese conjunto de normas que referencia, guía y acota la conducta de los ciudadanos. Más cercano a la moral y por tanto carente de una visión única, por derecho natural se entiende aquel “conjunto de normas como expresión de justicia que la ciudadanía, en un lapso histórico determinado, deduce de su propia conciencia” (De Pina Vara, R., Diccionario de Derecho, Porrúa, México, 2003). Lo que lo vuelve necesariamente relativo. No así el derecho positivo, correspondiente al derecho histórico de un pueblo o nación, por lo que refiere al “conjunto de normas jurídicas que integran la legalidad establecida por el legislador” (op. cit.). No pende de la conciencia ni del derecho natural sino de los paradigmas culturales de un pueblo y de un momento histórico determinados.
  
   En ambos casos, ocurre una dependencia, sea de la moralidad sea del estado. Para el tema de esta colaboración, sin soslayar su importancia, acudo a los derechos innatos del hombre, subyacentes a los ya citados: derecho a existir, derecho a la libertad, derecho a poseer, derecho a la seguridad, derecho a resistir y, entre otros, el derecho a hablar la lengua materna. Por desgracia se trata de un derecho que en nuestra patria ha sido y sigue siendo pisoteado no sólo por la sociedad dominante sino por todas y cada una de las instituciones de la Iglesia y del Estado.
  
   Perversa actitud, culposa y culpable, en cuanto va contra natura el que instituciones cuya razón de ser no es otra que el bienestar integral de sus miembros. Sin embargo, en los hechos ni el Estado ni la Iglesia en sus actos oficiales promueven que se expresen en su lengua materna, ni tampoco se esfuerzan en aprenderla. Proceder etnocida que no ha parado desde la conquista hasta nuestros días. Discursos a un lado, legislaciones al otro, ni las instituciones de Gobierno y ni la Iglesia y sus instituciones se suman al derecho que asiste a los pueblos originarios –entre otros, al sur el maya, al norte el mayo, y al centro los nahua- a cimentar su identidad, a montar su andamiaje cultural o a organizar su gobierno amparados en los derechos del hombre. En otras palabras, Gobierno e Iglesia continúan pisoteando a estos pueblos so pretexto del derecho positivo creado e impuesto por la sociedad dominante.
  
   Por lo que respecta a nuestra matria, precisamente acá, al noreste de Michoacán, tal y como en páginas de Guía lo he denunciado, nuestra Diócesis de Zamora no canta mal las rancheras: documentos van documentos vienen con sus voces aviesas, mas ya en los hechos no se respeta el derecho a hablar que asiste a las comunidades monolingües o bilingües p’urhépecha. De modo que de nada sirve, si no es para querer taparle el ojo al macho, que, por ejemplo, en el semanario diocesano se informe sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas -declarado por la UNESCO el 21 de febrero de 1999- y sobre el rescate de sus idiomas (Mensaje, Nº 1694, marzo 3 de 2019), cuando en la cruda realidad continúa su institucionalización opresiva del uso del castellano en todos y cada uno de los documentos eclesiásticos y, lo que es más antievangélico, en sus actos de culto y su labor pastoral.