Semanario Guía
Zamora, Michoacán, México    26 de Noviembre de 2020
26 de Julio de 2020
Agenda Ciudadana
RETORNO AL JUICIO DE RESIDENCIA
Emilio Lozoya, ex director de Pemex y miembro de la aristocracia política del antiguo orden, retornó a México en calidad de extraditado para encarar graves acusaciones de corrupción. El hecho puede verse como una variante del viejo “juicio de residencia” al que se sometía en la época colonial a los altos cargos del imperio español al concluir su misión. No habiendo entonces una clara división entre lo público y lo privado por tratarse de un sistema patrimonialista, el único poder que realmente podía exigir cuentas a un virrey o a otro alto funcionario por el desempeño de su cargo era el rey, el soberano en una sociedad de súbditos. En teoría la medida tenía sentido, aunque en la práctica, esta especie de “juicio final” no impidió el uso de los cargos públicos en beneficio personal.
  
   La corrupción al estilo del Estado moderno europeo llegó a nuestras costas como parte del complicado paquete de estructuras y formas políticas que trajo consigo la conquista. Para los monarcas del absolutismo español, someter a una revisión sistemáticamente el desempeño de sus altos mandos en tierras lejanas no era asunto de moral pública sino de control sobre el aparato administrativo.
  
   Ya en el México republicano, cuando se suponía que había quedado claramente diferenciado lo público de lo privado y que nadie podía afirmar, como Luis XIV “L’État, c’est moi”, la corrupción en la esfera pública no disminuyó. En buena medida, en los dos siguientes siglos, aunque con altibajos, el ejercicio del poder en nuestro país se mantuvo dentro del viejo marco patrimonialista y antidemocrático y la corrupción colonial quizá se agudizó. De acuerdo con Transparencia Internacional en 2018 y en materia de percepción de corrupción pública, al concluir el gobierno donde se presume que Lozoya cometió los actos de los que hoy se le acusa, México había descendido hasta el sitio 138 en un conjunto de 180 países y con una calificación de apenas 28 puntos sobre cien, lo que en el contexto latinoamericano nos colocó en compañía de Nicaragua y Guatemala. Según la misma fuente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) México alcanzó los peores índices de corrupción en su sector público, (El Universal, 30/01/19).
  
   Legalmente, a Lozoya se le juzgará partiendo de las confesiones en tribunales extranjeros de directivos de la empresa multinacional brasileña Odebretch en 2016. Ellos aseguraron haber dado entre 2009 y 2014 varios millones de dólares a funcionarios mexicanos, entre ellos a Lozoya, encargado de vinculación con el exterior en la campaña presidencial de EPN y posteriormente nombrado director de Pemex, la principal empresa pública mexicana. Los sobornos tuvieron como fin conseguir contratos en términos muy buenos para Odebretch -alrededor de 30 mmp (Reforma, 11/09/17)- pero no para Pemex. A esto se le añade la compra de una empresa chatarra donde también intervino Odebretch -Agro Nitrogenados- a un empresario que quizá también sea extraditado y otros cargos similares.
  
   La expectativa es que el caso Lozoya se convierta en el primer maxiproceso por corrupción de un gobierno anterior y que pueda llevar a trazar, con credibilidad, un mapa de la gran corrupción que desembocó en el estallido -el “big bang”- de un sistema de poder que practicó el patrimonialismo al estilo del período colonial en grado extremo.
  
   La responsabilidad histórica de quien debe llevar a buen puerto este nuevo “juicio de residencia” del ex director de Pemex -el Fiscal General de la República- es enorme. En sus manos está la posibilidad de convertir un caso escandaloso en algo realmente importante: en el evento que transforme la derrota electoral del PRI en 2018 en una verdadera coyuntura crítica, es decir, en un acontecimiento no sorpresivo, pero tampoco enteramente previsto, que influya decisivamente en el comportamiento futuro de las variables centrales del sistema político, de tal manera que sus reglas de operación en torno a la corrupción ya no puedan continuar siendo las del pasado. Ya se había presentado una oportunidad parecida con la elección del 2000 que desalojó al PRI de Los Pinos, pero los responsables de manejarla entonces nunca estuvieron a la altura de la circunstancia.
  
   Ningún sistema político está libre de la corrupción, ninguno. Sin embargo, hay un buen número de ejemplos de estructuras institucionales que la mantienen bajo control y a niveles que no afectan el buen desempeño de la administración pública. No ha sido ese nuestro caso. Dejar pasar esta nueva oportunidad de superar la larga etapa de la gran corrupción pública sería perder ese tiempo que, se dice, después los santos lo lloran.
  
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