Semanario Guía
Zamora, Michoacán, México    22 de Octubre de 2020
11 de Octubre de 2020
Desde La Tribuna Ciudadana
LA CONSULTA POPULAR APROBADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Soy partidario de la democracia participativa y de sus principales mecanismos de participación ciudadana como el Referéndum, la Revocación de Mandato, el Plebiscito, la Consulta Popular, entre otros de sus mecanismos, porque comparto la idea de que la democracia no termina en el día de las elecciones y que la democracia participativa enriquece y complementa a la democracia representativa.
  
   Sin embargo, hay que decir que, estas figuras de la democracia participativa como la Consulta Popular, deben tener reglas claras en las que se señalen los casos de excepción; es decir, aquellos temas que no se pueden abordar y entre esos casos, podemos mencionar por ejemplo, la aplicación de los impuestos, ya que, si esto fuera posible, muy pocas personas estarían de acuerdo en favor de votar por pagar impuestos.
  
   En efecto, la Ley Federal de Consulta Popular vigente, en su artículo 11, establece con precisión que los ciudadanos podrán ejercer su derecho a la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional y señala cuáles son los temas restringidos; “ Los derechos humanos consagrados en la Constitución Política, los principios consagrados en el artículo 40 ( Son los relacionados con la definición de República, Federal, Representativa, Democrática, Laica e integrada por Estados libres y soberanos ), la materia electoral, los ingresos y los egresos del Estado, la Seguridad Nacional y lo relativo a las fuerzas armadas.”
  
   Así las cosas, los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a la justicia y a la aplicación de la ley en aquellos casos en los que existe la comisión de delitos y estos derechos están consagrados por la Constitución Política, por lo que, su aplicación o su cumplimiento no deben subordinarse a la opinión de una mayoría. Los responsables de delitos deben ser investigados y sancionados de acuerdo a las leyes y marcos normativos vigentes, pues de lo contrario, la impunidad quedaría sujeta a decisiones en las urnas.
  
   La aprobación de la Consulta Popular por la Suprema Corte de Justicia, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de que los ciudadanos mexicanos expresaran su voluntad de enjuiciar o no enjuiciar a los expresidentes de México, ha generado un intenso debate nacional. Aunque fue aprobada la Consulta Popular, la Suprema Corte de Justicia reformuló la pregunta original para quedar en los siguientes términos; “ Estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
  
   En estos términos, la pregunta de la consulta popular resulta ociosa e innecesaria ya que no se requiere preguntar a los ciudadanos si están o no de acuerdo en que las Instituciones encargadas de hacer valer la justicia, de aplicar las leyes e investigar y sancionar en su caso a los responsables, cumplan con su obligación constitucional.
  
   ¿Quién podría expresar que no está de acuerdo en que se aplique la justicia?
  
   ¿Quién podría no estar de acuerdo en apegarse al marco constitucional y legal?
  
   ¿Quién podría oponerse a un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas por los actores políticos en años pasados?
  
   Por cierto, los actores políticos, no son sólo los expresidentes mexicanos, sino todos aquellos que inciden en la toma de decisiones políticas.
  
   Por último, ¿Quién podría oponerse a que no se garantice la justicia y los derechos de las víctimas?
  
  
   Aunado a ello, el costo que representa hacer una pregunta ociosa e innecesaria a la ciudadanía es de aproximadamente $ 8 mil millones de pesos, cantidad que resulta ofensiva para los niños con cáncer que mueren cotidianamente por la falta de medicamentos y una bofetada para la situación de crisis que enfrenta nuestro País en amplios sectores de la población.
  
   La verdad, lo que está detrás de esta consulta es, en primer término, un movimiento político para distraer la atención de los mexicanos de los verdaderos problemas que lejos de resolverse, se han empeorado progresivamente y, en segundo lugar, una maniobra política con fines electorales para mantener las mayorías en las Cámaras y ganar las gubernaturas en las próximas elecciones del 2021.