Semanario Guía
Zamora, Michoacán, México    02 de Diciembre de 2020
22 de Noviembre de 2020
Desde La Tribuna Ciudadana
EL EJERCICIO DEL GASTO EN LA 4T

   A pesar de que cotidianamente, por medio de las mañaneras, el titular del Ejecutivo asegura que la corrupción se ha erradicado en su gobierno, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cuenta pública 2019 del Gobierno Federal, nos hablan de otra realidad, pues sólo en el ejercicio del primer año del actual gobierno, y sólo respecto de una pequeña muestra de 25 mil 748 millones de pesos observados, se detectaron irregularidades en 14 mil 047 millones de pesos; es decir, en más de 54% del total. Todo esto, sin que la ASF haya incluido en sus auditorías a ninguno de los programas sociales ni a las 3 megaobras (aeropuerto, refinería y tren), que consumen la mayor proporción de recursos del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
  
   Resalta el dato de que, en plena pandemia, cuando el sector salud debiera ser el más apoyado con recursos públicos con la finalidad de evitar el mayor número de muertes posibles, fue uno de los sectores más afectados por los recortes presupuestales ejercidos por la 4T., además de que, la Secretaría de Salud fue una de las dependencias que mayor número de observaciones recibió por parte de la ASF, derivadas de la decisión presidencial de no otorgar los contratos por la vía de la licitación o del concurso, sino por la vía de la adjudicación directa, lo cual favorece la opacidad y la falta de transparencia.
  
   Los resultados fueron puestos a la vista por la ASF, en virtud de las irregularidades observadas en los fondos y programas de salud hasta en un 80.76% del monto total de los 25 mil 748 millones auditados.
  
   La Secretaría de Salud no ha justificado las partidas de gasto público relativas al fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA), que resultó con irregularidades hasta por 9 mil 536 millones de pesos.
  
   Tampoco se ha justificado fehacientemente el destino de 8 mil 500 millones de pesos respecto de la partida del seguro popular ni del programa de atención a la salud de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad laboral, en relación con el gasto de 2 mil 668 millones de pesos.
  
   Con lo anterior, resulta evidente concluir que las políticas del ejercicio en el gasto público en el sector salud, fueron implementadas sin la planeación estratégica correspondiente, lo que ha causado graves afectaciones a la salud de la población en general.
  
   Así las cosas, parece inevitable plantearnos una reflexión: si en un universo de solo 25 mil 748 millones de pesos que fueron auditados por la ASF, resultaron irregularidades en más del 50%, ¿qué seguridad se puede tener en la forma de ejercer los recursos públicos de los programas sociales, si la mayor parte de éstos carecen de reglas de operación y se distribuyen con criterios clientelares?
  
   Lo mismo podemos decir de los contratos de la 4T., en los que se cancelaron las licitaciones y los concursos para favorecer los mecanismos de adjudicación directa.
  
   Es verdad que la ciudadanía expresó su cansancio por la corrupción desbordada en la anterior administración pública federal a través de su voto en las elecciones federales pasadas y esta fue la principal razón del triunfo electoral de AMLO; sin embargo, la falta de reglas de operación, las adjudicaciones directas, la cancelación de las licitaciones y los concursos en compras y obras públicas, la opacidad y la falta de transparencia, que han caracterizado el ejercicio del gasto en la 4T., no garantizan una mejor opción en el combate a la corrupción.