Semanario Guía
Zamora, Michoacán, México    30 de Julio de 2021
18 de Julio de 2021
INDÍGENAS Y CAMPESINOS, ACTIVISTAS MÁS ASESINADOS EN LO QUE VA DE LA 4T
En lo que va del sexenio, Oaxaca, Guerrero y Chiapas reportan la mayoría de crímenes cometidos contra líderes comunitarios en el país; medidas para garantizar su seguridad son insuficientes: experto
  
   Defensores comunitarios de localidades indígenas y campesinas han sido las principales víctimas de asesinato de activistas en lo que va de este sexenio, delito que se concentra en tres estados: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
   Estas personas reivindicaban el agua y la tierra; la mayoría eran de grupos originarios o campesinos y muchos se oponían a grupos criminales que les disputaban el territorio y sus recursos.
  
   De acuerdo con un conteo realizado por EL UNIVERSAL, de diciembre de 2018 a la fecha, en el país se han registrado 61 homicidios contra activistas de diferentes causas, de los cuales, 65.5% ocurrió en Oaxaca, donde hubo 24 muertes.
  
   En Guerrero se reportaron 10 asesinatos y en Chiapas, seis.
  
   Los demás casos sucedieron en Chihuahua, con cinco; Sonora, tres; Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, dos cada uno; mientras que Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas registraron uno cada uno.
  
   Del total de las víctimas, al menos 42 eran originarias de grupos indígenas o campesinos que pertenecían o participaban en organizaciones de la sociedad civil u organismos civiles.
   De ellos, 22 eran de Oaxaca; 10, de Guerrero y seis, de Chiapas; tres defensores de los derechos territoriales Yaquis, asesinados este año en Sonora, así como Samir Flores, opositor de la Termoeléctrica de la Huexca, en Morelos.
  
   La Segob informó esta semana de 68 casos a nivel nacional.
  
   Guillermo Rodríguez García, de la organización Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en entrevista con EL UNIVERSAL sostiene que el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha demostrado ser insuficiente; las cifras de agresiones letales, si bien no han incrementado, se mantienen; y aunque algunos organizaciones ven en el actual gobierno federal mayor apertura para la atención de algunas demandas, también es cierto que el discurso oficial – principalmente a partir de las declaraciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador – desacredita y estigmatiza la labor de defensa de los derechos humanos, con lo que crea un entorno hostil.
  
   Los informes que ha elaborado CEJIL conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil, dice, revelan que Oaxaca es el estado más letal para las personas defensoras. “Estamos hablando de que en los últimos años son asesinadas entre 20 y 30 personas defensoras cada año en el país; lo cual nos habla de los desafíos que siguen enfrentando para reivindicar la defensa de derechos, pues es constante, no se han solucionado y las medidas que hasta ahora han adoptado por parte del Estado y en particular la adopción del Mecanismo de Protección, no ha sido suficiente para atenuar las condiciones de riesgo y los conflictos que enfrentan”.
  
  
  
   En su informe la Situación de la Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en México que contabilizó en alianza con otras organizaciones el número de asesinatos de 2020, menciona que se identificó que más de la mitad de las personas defensoras asesinadas eran personas que reivindicaban la tierra y el territorio, y que la mayoría pertenecían a un pueblo originario o eran campesinos.
  
   Las personas defensoras, explica, suelen enfrentarse a grupos criminales que suelen disputarse el territorio y las agresiones letales en su contra ocurren en regiones del país donde el Estado no está presente o es complaciente o tiene vínculos con esos grupos criminales.
  
   “En el caso de la región de Michoacán, por ejemplo, donde hay una disputa del crimen organizado por el territorio para poder explotar la producción de aguacate o algunos otros productos agrícolas con agricultura intensiva. Las personas defensoras que están defendiendo el territorio no solamente tienen que enfrentar impunidad y la estigmatización del Estado, sino, además, grupos criminales que actúan con completa libertad”.
  
   Adicionalmente los megaproyectos o las industrias extractivas, alentadas, habilitadas o incluso realizadas por el propio Estado – agrega – generan condiciones de riesgo o exposición de personas defensoras a distintas amenazas y un ejemplo, es el asesinato de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos.
  
   LOS ESTADOS CON MÁS VÍCTIMAS
   El conteo realizado por este diario sostiene la información del CEJIL.
  
   En Oaxaca, de las 24 personas asesinadas 13 eran activistas por el ambiente y opositoras a megaproyectos, principalmente contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” —que ahora en el gobierno de López Obrador se llama Proyecto Hidroeléctrico para la generación de energía renovable PH Río Verde—.
  
   Otros cinco eran defensores de la tierra y el territorio, y seis trabajaban como defensores de derechos humanos.
  
   Sólo en el asesinato de dos personas defensoras la Fiscalía General del Estado ha detenido a los probables autores materiales del crimen, pero permanecen vinculados a proceso y aún no se dicta sentencia a los imputados. En este escenario, todos los homicidios permanecen en la impunidad. Tampoco hay información sobre los avances en las investigaciones, que permitan esclarecer el móvil de los asesinatos e identificar a los autores materiales e intelectuales.
  
   En Guerrero se cuentan 10 víctimas, defendían recursos naturales como el agua y los bosques, también abogaban por el derecho al territorio y los derechos humanos, en muchos casos en comunidades controladas por el crimen organizado, por lo que al menos cinco habían recibido amenazas previas o estaban en territorio de riesgo sin que autoridades tomaran medidas. En ocho casos los crímenes están totalmente impunes y no hay detenidos. Solamente en dos hay detenidos pero no hay sentencias.
  
   En Chiapas, donde se cuentan seis homicidios contra indígenas defensores, tuvo lugar el caso más reciente a nivel nacional, el asesinato del tzotzil Simón Pedro Pérez López, catequista de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y expresidente de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quien fue baleado el 5 de julio cuando se dirigía con su hijo al mercado.
  
   El miércoles 14 de julio fue detenido Hugo Rolando “N”, presunto responsable del homicidio.
  
   Los otros cinco homicidios ocurrieron durante 2019 y tuvieron como objetivos a defensores de los derechos humanos, de los derechos por una vida digna y derecho al territorio.
  
   Por el asesinato de Noé Jiménez Pabro y José Santiago Álvarez Gómez, ocurrido el 18 de enero de 2019 fue detenido el ex alcalde de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga (Morena), y su hermano Wilber Carpio.
   El resto de los crímenes están impunes.
  
   FALLAS EN LA PROTECCIÓN
   Para Guillermo Rodríguez el Mecanismo de Protección ha demostrado ser una medida insuficiente porque sólo se concentra en medidas de protección física, pero no “desactiva” los riesgos para las personas defensoras; y también presenta fallas en la implementación de esas medidas: un porcentaje significativo de los activistas asesinados contaba con protección de este mecanismo. Asimismo, mientras las solicitudes de protección se han multiplicado por 10, el mecanismo continúa con el mismo presupuesto de hace una década.
  
   “Y al mismo tiempo desde la Presidencia de la República o desde los gobiernos estatales se sigue desacreditando, deslegitimando y estigmatizando a personas defensoras, habilitando un contexto hostil.
  
   “Las personas que llegan al mecanismo de protección no tienen la certeza de que el Estado va a asumir su obligación, no exactamente de evitar ataques letales, sino prevenirlos y tener una política pública que esté encaminada a eso, que parta del reconocimiento de las autoridades a la labor de las personas defensoras y que del lado de la impartición de justicia se reduzca la impunidad”, afirma.
  
   El activista de CEJIL sostiene que la responsabilidad del Estado y del gobierno federal en estos crímenes, continúa en la medida que la impunidad prevalece y las agresiones no bajan, indistintamente de quien sea el titular del Poder Ejecutivo